jueves, 31 de mayo de 2007

Aborto: tras caso judicial consultas no bajaron

SMU y FEMI harán declaración pública de "confidencialidad"

El País, 30 de Mayo, 2007
Los tribunales de ética del Sindicato Médico (SMU) y de la Federación de Mutualistas del Interior (FEMI) redactan una declaración conjunta, en la que plantearán que la confidencialidad es un derecho de todos los usuarios del sistema y el secreto médico es una obligación de los profesionales.

La declaración consensuada que están escribiendo ambos tribunales se da tras el caso de una mujer que fue procesada sin prisión por abortar y que un médico de Soca informó a la Policía haber atendido. "No hay dos bibliotecas sobre el secreto (médico). Es una obligación profesional desde el punto de vista ético y de los valores de la profesión", expresó a El País Leonel Briozzo, coordinador del servicio de asesoramiento contra el aborto provocado en condiciones de riesgo del hospital Pereira Rossell y presidente del Consejo Arbitral del SMU.

"En lo legal, si un juez releva del secreto puede ser que se deba cumplir, pero en términos generales es una obligación (el secreto médico)", añadió.

"Argumentar a favor que el profesional no debe guardar el secreto profesional es muy traído de los pelos acá y en todo el mundo. Es como si uno debe respetar la autonomía de las decisiones de paciente, es algo que ya nadie discute", consideró Briozzo.

Tanto Briozzo como la directora del hospital de la Mujer del Pereira Rossell, Ima León, destacaron como muy positivo que en ese centro no descendieron las consultas de mujeres sobre prácticas de aborto de riesgo y seguras, tras conocerse que una mujer atendida allí tras abortar fue procesada.
El País, 30 de Mayo de 2007

Briozzo sostuvo que si bien al comienzo algunos medios presentaron el caso en forma alarmante y no ajustada a los hechos, luego quedó claro que la denuncia no partió de ningún profesional de la salud del Pereira Rossell, lo que les da seguridad a las mujeres que allí se respeta la confidencialidad de su consulta.

Aproximadamente 60 mujeres consultan por semana en el servicio que coordina Briozzo antes y después de abortar, una práctica que en Uruguay es delito.

Experiencias similares al servicio que coordina Briozzo se desarrollan en policlínicas del MSP. El programa contra el aborto provocado en condiciones de riesgo también será utilizado en Kenia y Nigeria; se está asesorando a planes similares en Brasil, Colombia, Venezuela, Perú y México.

Policía disimuló operativo como "censo" barrial
En Rivera, la Policía busca a una mujer que habría abortado, luego de que un feto de unos tres meses fue hallado en un depósito de basura. Bajo la excusa de un censo recorrieron los domicilios de 39 mujeres que se les informó estaban embarazadas. Hallaron a 38. Un juez permitió allanar el domicilio de la restante, que apareció horas más tarde y estaba embarazada. Continúan buscando a la responsable del aborto.